A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo redefinió las facultades de funcionarios y autoridades para intervenir en procesos de contratación y autorización de gastos. La medida busca agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad la gestión administrativa, según argumentó el Gobierno.
Modifican las competencias para aprobar licitaciones y gastos en la administración pública
